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La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una inspección en el Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, destinado para la reclusión de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en calidad de indiciadas. Durante la visita, se identificaron graves irregularidades que amenazan la vida e integridad de los internos, así como la seguridad de las guardianas y visitantes.
En el comunicado oficial, la entidad informó que, en los primeros hallazgos realizados por la comisión durante la jornada de visitas, se observó que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores de edad, se llevan a cabo simultáneamente y en los mismos espacios que las visitas conyugales, donde los PPL mantienen relaciones sexuales con sus parejas.
Adicionalmente, se destacó que los policías encargados de la guardia carecen de elementos de bioseguridad, como guantes, tapabocas y desinfectantes, para llevar a cabo la revisión de personas, alimentos y otros objetos que ingresan al centro.
El informe detalla que en el interior del centro, diseñado para albergar a un máximo de 150 personas pero que actualmente cuenta con 248 hombres y 10 mujeres, se encontraron conexiones eléctricas improvisadas con cables expuestos, representando un alto riesgo de incendio. Asimismo, se señaló la falta de suministro de agua en los inodoros del nivel superior, generando condiciones insalubres y riesgo de enfermedades debido al agua estancada que debe ser transportada en baldes y canecas.
La entidad también ha identificado que “entre las condiciones de salud detectadas, se encuentran PPL afectados por el VIH, problemas cutáneos y enfermedades respiratorias que, según sus denuncias, no son evaluadas por médicos antes de admitir nuevos reclusos, lo que representa un riesgo para toda la comunidad”.
En relación con la alimentación, el Ministerio Público también ha observado deficiencias y ha recibido quejas de los PPL sobre la calidad de los alimentos. Sin embargo, la situación más preocupante es la ausencia de implementos para la cocina, lo que obliga a la guardia a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros objetos que podrían ser utilizados como armas.
Con base en esta información, la Procuraduría Regional de Magdalena ha convocado una mesa de seguimiento en la que se reunirá con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Inpec, entre otras instituciones, con el objetivo de encontrar soluciones urgentes a la crisis que afecta a los centros penitenciarios.
Paola Martínez Burgos
