Alcocer habría gastado más de mil millones de pesos en su grupo de trabajo.
La Procuraduría General de la Nación, en un concepto de 18 páginas, solicitó suspender los viajes de la primera dama Verónica Alcocer para el Ministerio Público. Al no ser servidora pública, no tendría por qué recibir viáticos.
La decisión del ente de control se da luego de estudiar una demanda en curso, presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encuentra en el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso y que evalúa acabar los costosos viajes de Alcocer y su comitiva.
Según el demandante, el artículo 126 de la Constitución cita textualmente que: “Los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
Viajes como el funeral de la Reina Isabel II, un encuentro con el Papa Francisco, entre otros, son los que ha emprendido la primera dama y fueron posibles debido a un decreto firmado por el canciller Álvaro Leyva, quien la designó como embajadora en misión especial para “atender asuntos protocolarios”.
El argumento de la Procuraduría para que el Tribunal anule los decretos que terminarían con los viajes de la esposa del presidente Gustavo Petro se fundamenta en que la Presidencia de la República otorgó viáticos para Verónica Alcocer sin ser servidora pública.
Por su lado, desde el Gobierno Nacional sostuvieron las decisiones tomadas con Verónica Alcocer con la justificación de que todo se realizó en el marco de una “función social” y además, que esto no incurrió en abuso de poder.
Otra de las polémicas de los viajes de la primera dama parte de la inclusión de varios acompañantes que no han mostrado tener funciones claras. Según los gastos, superaron los mil millones de pesos.
Juan Joya