La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha reiterado la necesidad de revisar el proceso de tutela iniciado por la Comunidad Indígena Yukpa contra el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Este proceso se originó debido a la falta de consulta previa con las comunidades indígenas en relación con la reforma a la salud durante el trámite legislativo.
En una solicitud dirigida a la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, la máxima representante del Ministerio Público destacó la relevancia constitucional del caso, subrayando su interés nacional al regular el acceso al servicio de salud y afectar derechos fundamentales de sujetos con especial protección. Además, señaló que el caso cumple con los criterios objetivos y subjetivos establecidos por el ordenamiento jurídico.
La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, recordó la jurisprudencia constitucional que establece la obligatoriedad de realizar la consulta previa antes de la radicación del proyecto de ley en asuntos legislativos, con el propósito de asegurar la participación efectiva de las comunidades étnicas. En este contexto, subrayó que dicha consulta no se llevó a cabo en el caso de la reforma a la salud, ya que no fue socializada con los grupos indígenas antes de su radicación.
Cabello explicó que la consulta previa sobre la reforma a la salud constituía un requisito esencial, dado que la iniciativa tenía implicaciones directas en las comunidades. Esto, porque “la reforma impulsada por el Gobierno Nacional modifica el modelo especial de atención en salud que asegura el acceso a los servicios médicos de los pueblos indígenas”, y las funciones de “los operadores especiales creados para responder a las necesidades de los grupos étnicos del país”.
La solicitud de Cabello destaca que, según los trámites legislativos, la consulta previa debe llevarse a cabo antes de la radicación del proyecto de ley, con el fin de garantizar la participación completa de las comunidades indígenas. La tutela subraya que este proceso nunca tuvo lugar, y por lo tanto, se argumenta la necesidad de detenerlo.
En vista de lo anterior, la funcionaria solicitó una revisión del caso debido al desconocimiento del precedente constitucional y la urgencia de proteger los derechos fundamentales de los grupos étnicos, en particular, la comunidad indígena Yukpa.
La Procuraduría busca frenar el proceso en medio de un periodo legislativo clave para la reforma a la salud del gobierno nacional. Recientemente, la iniciativa llegó a la Comisión Séptima del Senado, desde la Cámara, donde sería discutida en, al menos, 14 sesiones.
Paola Martínez Burgos