Ordenan plan de contingencia para proteger a comunidad de Caucasia de erosión provocada por el río Cauca

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha emitido un pronunciamiento, instando a la implementación de un cronograma para la ejecución de obras preventivas, dado que alrededor de 3000 residentes de la vereda La Uribe se ven afectados por la erosión e inundaciones provocadas por un afluente.

La administración municipal, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) están obligados a colaborar en la ejecución de estas medidas para evitar que el río, el segundo más extenso del país, alcance la zona habitada.

La determinación del Tribunal Administrativo de Antioquia, como respuesta a una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo, resultará en beneficio para aproximadamente 3000 residentes de la vereda La Uribe y sus alrededores, ubicados en la jurisdicción del municipio de Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó: “Durante dos meses, la administración municipal de Caucasia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia deberán estructurar un plan de contingencia y un cronograma de actividades para conjurar una eventual inundación de grandes proporciones y poner en marcha obras preventivas, cuyo fin es impedir que el río Cauca llegue a la zona habitada”.

El funcionario, acompañado de una comitiva de la institución nacional de derechos humanos, les dio a conocer la decisión a los moradores, en una visita a La Uribe, donde verificó las condiciones en las que habitan las personas afectadas por la erosión e inundaciones ocasionadas por el segundo río más grande de Colombia.

La entidad, a través de su Regional Bajo Cauca y su Delegada para la Prevención de Desastres, busca que los derechos fundamentales y colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la seguridad y salubridad públicas de los habitantes residentes en la zona, sean salvaguardados.

“En los últimos dos años hemos acompañado a la población a través de nuestro equipo en terreno, que ha sido testigo de la gravedad de la erosión, la cual no solo borró del mapa la vía que conduce a la vereda Puerto España, sino que avanza progresivamente hacia la llanura aluvial, donde reside un número importante de familias”, agregó el Defensor del Pueblo.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado al alcalde electo: “Es oportuno que priorice lo ordenado por las autoridades judiciales. Necesitamos que haya avances significativos. El bienestar de la comunidad y la garantía de sus derechos fundamentales deben prevalecer”.

Paola Martínez