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El Ministerio de Justicia y del Derecho ha dado a conocer el nuevo protocolo que regula el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en espacios públicos, cumpliendo con una orden crucial emitida por la Corte Constitucional. Este documento marca pautas para los entes territoriales y sus autoridades policiales en relación con este consumo, basándose en la autonomía territorial y, especialmente, en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
En un contexto en el que el Estado ha gastado enormes recursos, alrededor de 568 billones de pesos en los últimos 20 años, en la lucha contra las drogas sin una disminución significativa en el consumo, esta medida adquiere un peso estratégico.
El Protocolo, en concordancia con la Sentencia C-127 de 2023, está diseñado para la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Su objetivo principal es restringir el consumo de sustancias psicoactivas en áreas específicas como parques y zonas del espacio público.
Entre los puntos destacados de este protocolo se encuentran:
Protección de los derechos de los niños y adolescentes: Se establece la prioridad de salvaguardar los derechos de este grupo vulnerable.
Diferenciación en la aplicación de la ley: Se distingue entre el porte de dosis para uso personal y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, para aplicar medidas proporcionales.
Enfoque en salud pública y derechos humanos: El abordaje del consumo de SPA se orienta hacia la salud pública y los derechos humanos, buscando eliminar estigmas y discriminación hacia quienes consumen estas sustancias.
Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho, enfatizó que este protocolo ofrece una guía no vinculante pero crucial. Destacó su énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo a las administraciones locales restringir el consumo en espacios de valor cultural e histórico.
El criterio para la aplicación policial se enfoca en el lugar, momento y circunstancias, priorizando medidas preventivas o educativas en lugar de sanciones.
Además, se activará una ruta integral de atención para aquellos con riesgo de trastornos mentales debido al uso de sustancias psicoactivas, accesible a través del enlace proporcionado por el Ministerio de Salud.
Este protocolo no solo cumple con lo ordenado por la Corte Constitucional, sino que también responde a recomendaciones internacionales, en particular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se orienta hacia políticas que buscan alternativas a la penalización, priorizando el acceso a la atención médica voluntaria y eliminando los beneficios asociados al tráfico ilegal de drogas.
El Gobierno nacional espera que esta medida marque un punto de inflexión en la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas, priorizando la protección de los derechos y la salud pública en el país.
Sala digital Colmundo
