Se registró nuevo terremoto de magnitud 6 en Japón
9 enero, 2024
María Camila Osorio quedó eliminada de manera increíble del ATP de Hobart
9 enero, 2024
La medida fue tomada tras la grave situación del sistema penitenciario que enfrenta el país vecino.
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, estableció este lunes un toque de queda y el estado de excepción en el país vecino, incluyendo al sistema penitenciario, tras la fuga del jefe de la mayor banda narco criminal conocida como ‘los Choneros’ en una cárcel de Guayaquil.
“Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar” en las calles y reclusorios, declaró Noboa en su cuenta oficial en Instagram.
Fue el pasado 7 de enero cuando se anunció que José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, escapó de la cárcel de Guayaquil; considerado el criminal más peligroso de ese país. Quien fuera condenado en el 2011 a 34 años de prisión por delitos como tráfico de drogas y asesinato. Esto provocó conmoción en el orden público al interior de las cárceles ecuatorianas, donde al menos seis de ellas presentaron disturbios por esta fuga.
Noboa, quien asumió en noviembre para un año y medio al ser elegido en comicios anticipados, tomó la decisión de desplegar por 60 días a los militares en las calles y en los centros penitenciarios debido a una “grave conmoción interna” en la nación, suspendiendo derechos ciudadanos.
Como parte de las medidas, el decreto ejecutivo sobre el estado de excepción, que incluye la restricción a la libertad de tránsito, ordenó un toque de queda de seis horas, entre las once de la noche y las cinco de la mañana.
En el documento, se mencionan varias excepciones al toque de queda, dejando fuera de esa medida a los servicios de salud pública y privada, miembros de la fuerza pública, servicios de emergencia, empleados de entidades gubernamentales y el cuerpo diplomático acreditado en el país.
También se exceptúa a contratistas públicos, personal del sector exportador e industrial que realice labores nocturnas, pasajeros de vuelos programados, abogados que acrediten la necesidad de movilización durante el toque de queda, empleados de medios de comunicación y empleados de sectores estratégicos.
El mandato del Gobierno indica que el estado de excepción abarca “todo el territorio nacional” y se dispone ante una “grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sin excepción alguna”.
Por otro lado, en ese decreto se declara como “zona de seguridad a los centros de privación de la libertad”, así como en el “radio de un kilómetro del perímetro de cada centro” penitenciario, donde los policías y militares podrán realizar estrictos controles a vehículos y autobuses.
Asimismo, se establece la posibilidad de “requisiciones a las que haya lugar para mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional”, que se realizarán en “casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”.
Como parte de las decisiones del Gobierno ecuatoriano para hacerle frente al control criminal, se anunció la semana pasada la construcción de dos prisiones de máxima seguridad en las provincias de Pastaza (este) y Santa Elena (suroeste), para aislar a los reclusos más peligrosos.
El país vecino enfrenta una situación compleja por disputas de control de organizaciones dedicadas al narcotráfico. En 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, una cifra récord en ese país.
Desde febrero de 2021, los enfrentamientos entre presos dejaron un saldo de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 aumentaron en casi un 800%, pasando de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
JUAN JOYA
