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El exmandatario enfrentaría acusaciones por su presunta injerencia en crímenes de lesa humanidad durante su mandato.
La justicia argentina avaló una investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La denuncia fue presentada por el fiscal Carlos Stornelli y revelaría la presunta participación de Uribe en ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno (2002-2010), planteando interrogantes sobre el alcance de la jurisdicción universal en casos de este tipo.
En el ámbito de la denominada “justicia universal” y en el marco “de que los graves crímenes denunciados no queden sin castigo para todos sus responsables”, el funcionario judicial dio curso a una denuncia presentada en los tribunales por organizaciones sociales que asesoran judicialmente a las madres de los 11 jóvenes desaparecidos en Soacha, quienes posteriormente fueron ejecutados por el Ejército.
En un dictamen de 22 páginas, Stornelli enfatizó que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable al expresidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano.”
El documento señala que estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, con un saldo de 6112 casos por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas presentadas falsamente como caídas en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como “falsos positivos”. Estos actos se dieron en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dentro de un conflicto armado.
Cuando el exmandatario supo de este nuevo proceso judicial, compartió en su cuenta de X una crítica al grupo de abogados detrás de las denuncias, señalándolos por representar a las “falsas víctimas de Mapiripán” y llevar varios años presentando “infamias” en su contra. “Expreso a la justicia de Argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas”, compartió Uribe.
Quienes presentan esta denuncia son once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), integrantes del “Espacio de Litigio Estratégico”. Según expresan, esta sería la primera vez que un presidente colombiano es investigado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales, incluyendo los crímenes de lesa humanidad.
Sobre el principio de jurisdicción universal, que corresponde a un derecho internacional que otorga a los Estados la facultad de investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes, sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no los investigan.
Argentina es uno de los países que incorpora la jurisdicción universal. Razón por la cual, allí, se investigan casos contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y España.
Juan Joya
