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El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto con el que se pretende prorrogar y modificar el descuento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre los siniestros viales en Colombia, a partir del 1 de enero del 2024.
Para reducir la evasión en el SOAT y la accidentalidad vial, el Gobierno Nacional implementó una reducción del 50% en el valor total de la póliza para vehículos del servicio público urbano, ciclomotores, motocarros, taxis y motos cuyo cilindraje sea inferior de 100 cc y no superior a 200 cc. La iniciativa, que fue implementada en diciembre del 2022, permanecería un año más.
El pasado 8 de diciembre, se conoció el borrador del documento base que propone extender el descuento por un año más. Sin embargo, esta medida ha sido objetada porque según algunos sectores, que sostienen que con la medida no ha disminuido la evasión y se ha creado un hueco fiscal.
Según el proyecto de decreto, a partir del primero de enero de 2024, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al 50% del precio final vigente al 14% de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año.
De otra parte, El presidente de la Federación de Aseguradores colombianos-Fasecolda, Gustavo Morales, aseguró que el borrador de decreto que prorroga el descuento del 50% en el SOAT para las motos y taxis el próximo año es una medida razonable, teniendo en cuenta que este lo que contempla es que ese descuento se ajuste a la UVT (Unidad de Valor Tributario), algo que antes no se había contemplado.
Sin embargo, señaló que esperan que a comienzos del próximo año el Gobierno emita un nuevo decreto para acabar con ese 50% de descuento que deja 800.000 millones de hueco fiscal.
Otra reacción ante la medida fue la del contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, quien envió un mensaje al Gobierno Nacional frente a la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en el país: “Hoy la Contraloría publica un informe que revela que los asuntos de la siniestralidad vial; se necesita replantear el concepto con el que se analiza. Esto es una epidemia, es un asunto de salud pública”.
“Finalmente, si no reducimos los accidentes cada año, si se siguen registrando más muertes, hay que pagar indemnizaciones, si hay más personas incapacitadas temporalmente o personas que quedan con una discapacidad permanente, imagínese lo que significa esto para el sistema de salud o de pensiones”, aseguró el funcionario.
Juan Joya
