Corte Constitucional abre incidente de desacato a altos funcionarios del Gobierno

La decisión implica a varios ministros como el de Salud, Vivienda, Ambiente, Agricultura, entre otros.

La Corte inició la apertura de un incidente de desacato a 14 servidores públicos ante el incumplimiento en la creación de un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de políticas públicas, frente a la vulneración generalizada de derechos de la niñez Wayuu.

A través de un comunicado, el alto tribunal sostuvo que la decisión “la emitió la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el Estado de Cosas Institucional por la vulneración generalizada de derechos de la niñez Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira”.

La sala en mención, evaluó qué tanto se cumplió la tercera orden de la sentencia que indicaba la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESSEP). El análisis determinó que el cumplimiento de la orden es “bajo” porque, a pesar de la creación de dicha comisión, en ella no se incluyeron todas las entidades mencionadas en la sentencia.

“La Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira no es el MESSEP, toda vez que es un órgano que aglutina entidades solo del orden central”, señaló la observación de la Corte, que fue suficiente para determinar que no se cumplió la orden.

Dentro de los funcionarios implicados, destaca la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco y la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

“Asimismo, se vinculó al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar”, puntualizó el alto tribunal.

“Así, la Sala dispuso que la Consejería Presidencial para las Regiones, los ministros de Salud, de Vivienda, de Ambiente y de Agricultura, así como la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la directora del ICBF, el superintendente Nacional de Salud, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la gobernadora de La Guajira y los alcaldes de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, remitan, en las 48 horas siguientes a la notificación del auto, un informe que acredite el cumplimiento frente a la conformación del MESEPP”, puntualizó la Corte Constitucional.

En ese sentido, el alto tribunal expresó que las autoridades cuentan con tres días para presentar pruebas y, en caso necesario, reportar nuevas acciones y dar cuenta de resultados para el cumplimiento de la orden.

Juan Joya