Embajador de EE.UU. en Colombia se reunirá con el Gobierno para tratar el reclutamiento forzado

Francisco Palmieri declaró que en los próximos días se llevarán a cabo algunas reuniones con representantes del Gobierno de Petro.

El gobierno estadounidense manifestó su preocupación frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado entre Colombia y la extinta FARC en 2016, así como por aquellos delitos vinculados con el conflicto armado que se siguen presentando en territorio colombiano.

Así lo reveló el embajador de EE.UU en Colombia, Francisco Palmieri, quien señaló que tiene prevista una serie de reuniones el próximo 24 de noviembre con representantes del Gobierno de Petro para abordar cuatro temas que considera urgentes.

“Se abordarán iniciativas étnicas de los programas de desarrollo con enfoque territorial; la reparación colectiva, retornos y reubicaciones de víctimas del conflicto armado; agua y saneamiento básico; y lucha contra el reclutamiento forzado”, sostuvo el diplomático estadounidense.

Por otra parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo que se ha evidenciado que los grupos ilegales continúan acudiendo al reclutamiento forzado como una práctica ilegal en el marco del conflicto.

“Hay elementos que dicen que diferentes grupos armados continúan con prácticas de reclutamiento. Nuestras entidades de Naciones Unidas, Unicef y otras instituciones hacen un seguimiento a eso y próximamente documentarán cuál es la situación actual desde la óptica de la ONU, pero sí hay informaciones de que el reclutamiento sigue como actividad y son dinámicas que también hay que erradicar”, declaró.

Además, enfatizó que Naciones Unidas está comprometida en seguir apoyando a Colombia en la búsqueda de una paz total, la cual no se puede dar sin que se eliminen este tipo de prácticas en los territorios.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que en lo que va del 2023 se han registrado 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y reveló que hay un “subregistro grande” por el silencio de las familias que temen ser víctimas de desplazamientos, amenazas y asesinatos por parte de grupos al margen de la ley.

“Persiste la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, declaró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En ese sentido, la Defensoría detalló que de los casos presentados en 2023, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes, mientras el 40,3% a niñas y adolescentes, lo cual da cuenta de una afectación diferencial por condiciones de género.

Según la entidad, los departamentos con mayor número de casos reportados este año son el Cauca, con 124; Nariño, con 9; Arauca y Putumayo, cada uno con 6, y Caquetá, con 5 casos. Según la Defensoría, las facciones disidentes de las Farc presentan el mayor número de casos (con el 91,1%), seguido por el ELN (7%), otro (1,3%) y los grupos posdesmovilización de las AUC: Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, mejor conocido también como Los Caparros (0,6%).

“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, enfatizó el defensor del Pueblo.

Juan Joya