La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por la presunta celebración de 95 contratos de prestación de servicios, o apoyo a la gestión, con los que se habría asegurado la continuidad de la vinculación laboral de varias personas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por esto, la exministra del Deporte es investigada, pues al parecer hubo irregularidades en la firma de estos contratos. El organismo de control reprochó que la funcionaria cancelara los bilaterales aduciendo motivos personales de los contratistas y, en un lapso de 24, 48 o 72 horas, firmara nuevos contratos con los mismos particulares e idénticos objetos contractuales, solo ampliando el plazo de ejecución hasta finalizar la presente vigencia.
La Sala de Instrucción Disciplinaria indicó que, al parecer, Urrutia pasó por alto el cumplimiento de los objetivos propios del Ministerio del que fungía como titular y las funciones que eran propias de la entidad, prefiriendo beneficiar a terceros. Esto ocurrió días después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara su renuncia.
Con su supuesta actuación, el Ministerio Público expresó que la exministra desconoció el principio de moralidad al favorecer a terceros y se alejó del cumplimiento del ordenamiento legal, por lo que de manera provisional calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.
Además de la Procuraduría, la Fiscalía también la investiga por su presunta responsabilidad en la firma de esos contratos, e incluso la imputó por estos mismos hechos. Según el ente investigador, después del anuncio de su renuncia, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones.
Según la Fiscalía, la exjefa de esta cartera ordenó la terminación de estos 106 contratos de “manera subjetiva y selectiva”, después de que el presidente, Gustavo Petro, le pidiera la renuncia el 28 de febrero del presente año. De acuerdo con los registros, cada contratista terminó sus vínculos por razones personales, se halló que, bajo la dirección de la exejecutiva, estos convenios fueron renovados en cuestión de días, alargando la prestación de los servicios hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por su parte, desde que iniciaron los señalamientos, Urrutia comentó que se mantiene en su posición de inocencia e irá a juicio, con la finalidad de desmentir lo que se le acusa. A través de un comunicado explicó que, con respecto a los cuestionamientos frente a su labor en los últimos días, “estaré presto a aportar las diferentes pruebas a los órganos de control que así lo requieran, toda vez que los mismos se desarrollaron en el marco de mis funciones como ministra y lo establecido constitucional y legalmente”.
Estos convenios con el Ministerio del Deporte se firmaron con diferentes propósitos, pero sobresalió que fue frecuente la contratación para la prestación de servicios de profesionales en diferentes áreas, y se destaca que algunos de estos convenios públicos se hicieron por valores hasta de $80 millones para concordatos a diez meses.
Paola Martínez