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Francisco Barbosa cuestiona la falta de reacción del Gobierno Petro ante las presuntas amenazas contra su vida provenientes del ELN.
El pasado 15 de agosto, Barbosa estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicando ante el organismo una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su familia, con el propósito de garantizar sus derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
En la petición figura que le sean garantizadas las condiciones de seguridad con el fin de continuar desarrollando las funciones de su cargo con autonomía y así lograr terminar su período como fiscal General de la Nación. Esto sería hasta el próximo 12 de febrero de 2024. Es decir, esta solicitud la cursa para no ser objeto de ningún “acto de intimidación, hostigamiento o amenazas”, y tampoco al concluir el ejercicio en el cargo.
Apenas hace una semana se conoció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde Venezuela y con la presunta intervención de alias ‘El Rolo’, estaría planificando un atentado con francotiradores contra el fiscal Barbosa. El documento de 150 páginas que radicó el jefe del ente investigador y acusador de Colombia incluye toda la investigación y los informes de inteligencia militar que advierten que, además, esa guerrilla estaría capacitando personal en el vecino país para que el ataque sea efectivo.
En el oficio también se indica que se estaría ofreciendo 3.000 millones de pesos para asesinar al fiscal Francisco Barbosa, que ha sido constante con la búsqueda de la ‘Paz Total’, argumentando que se debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley.
Adicionalmente, el ente acusador, a través de un comunicado, señala que ha sido precisamente la independencia y autonomía con la que la cabeza de la Fiscalía ha generado esta situación que pone en riesgo su vida e integridad.
“El aumento del nivel de amenaza y riesgo del fiscal General de Colombia, como consecuencia del ejercicio autónomo e independiente de la función constitucional a su cargo, sin que exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección de sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.
JUAN CAMILO JOYA
