Una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la cual nueve agremiaciones de energía y gas reiteraron su preocupación por el decreto de emergencia en La Guajira.
Específicamente, señalan el punto 1276, por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética.
En esta carta firman los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Asoenergía, Andi, Naturgas y ErColombia.
Señalan que la mayoría de las disposiciones previstas en el decreto generan un impacto negativo para todo el país. “Específicamente, para los usuarios del servicio de energía eléctrica, ocasionando incrementos en las facturas tanto por la suspensión de contratos de energía como el aporte definido para el departamento”.
Las agremiaciones destacaron cuatro aspectos que generan impactos en la eficiencia y suficiencia tarifaria para los prestadores de servicio y la estabilidad jurídica.
• Suspensión de los contratos de energía: La suspensión temporal de los contratos generará incrementos en las tarifas de gran parte del país de entre un 3% y un 8%. Señalan que este incremento representaría mayores costos para cerca de 16 millones de hogares, incluyendo los de La Guajira. “Como si esto fuera poco, esta medida desconoce que los contratos pactados entre los agentes se rigen por el derecho privado, por lo que su suspensión afecta la autonomía de las partes del contrato para la modificación de estos”.
Agregan que es necesario que el ministerio defina a través de reglamentos los términos y condiciones bajo las cuales debe producirse la suspensión.
• Subastas del cargo por confiabilidad: El artículo cuatro del decreto, comentan que este ajuste propuesto no guarda relación con la emergencia declarada y corresponde “a una intervención del mercado innecesaria”.
• Aporte al departamento de La Guajira: Comentan que este ajuste propuesto no guarda relación con la emergencia declarada y corresponde “a una intervención del mercado innecesaria”.
• Aporte al departamento de La Guajira: Sobre el aporte de 1000 pesos por factura de energía en los estratos 4, 5 y 6 y de 5000 para grandes empresas; el gremio dice que esta medida impone una carga adicional a los usuarios y además ocasiona riesgos de aumento de cartera para los comercializadores.
• Transferencias del sector eléctrico de los proyectos FNCER: Los gremios señalan que el artículo 1 del decreto modifica el artículo 54 de la ley 143 de 1994 en “el sentido de indicar que el porcentaje de la transferencia a cargo de empresas desarrolladoras de proyectos FNCER, que originalmente se destina a comunidades… se distribuya a otros municipios por fuera de esta área”.
Las entidades resaltaron que esto tiene que ver con el desconocimiento de la función que tiene la transferencia, y también que por la vía de esa redistribución el monto de la transferencia disminuye al aumentar el denominador de la operación de reparto.
Finalmente, destacan la afectación que tiene en las comunidades a autodeterminarse y a definir los proyectos a los que se les destinan recursos.
Escrito por Daniela Borbon Olaya