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El lunes primero de agosto, se hizo público el reciente fallo condenatorio del Juzgado Administrativo de Bogotá, en relación al feminicidio de Rosa Elvira Cely ocurrido en 2012. Este fallo implica directamente a la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud Distrital.
La demanda fue presentada por la familia de Rosa Elvira en 2014, en ella se solicitaba declarar responsable a la Fiscalía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional por daños y perjuicios.
En el documento se encuentra que: “Por el conjunto de hechos y omisiones en el desarrollo de las obligaciones de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar efectivamente la violencia sexual y de género contra la mujer, omisiones mediante las cuales se permitió el secuestro, los actos de violencia sexual y de tortura cometidos contra Rosa Elvira Cely”.
Además, se mencionaron algunas fallas en la oportuna prestación de servicios médicos de urgencia y tratamiento, que resultaron en el feminicidio de Rosa Elvira Cely el 28 de agosto de 2012, en la ciudad de Bogotá.
En la demanda se solicitaba condenar a las entidades mencionadas a pagar por “perjuicios morales”, “daño a la vida en relación” y “perjuicios materiales”; sin embargo, también se solicitaron algunas medidas de reparación.
En el fallo se declara “administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaría de Salud Distrital-CRUE, Hospital Santa Clara III, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente Este y a la Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado a los demandantes por los hechos que dieron lugar a la muerte de la señora Rosa Elvira Cely (QEPD)”.
En ese mismo sentido, la Fiscalía y entidades distritales, condenadas por el feminicidio de Rosa Elvira Cely, deberán pagar entonces una millonaria suma de dinero a las víctimas del crimen.
“El dictamen da cuenta del daño sufrido por los demandantes y el impacto psicosocial, emocional y daño en la vida relación derivados de la muerte de la señora Rosa Elvira Cely, por lo que se reconocerán las siguientes sumas”:
Por perjuicios materiales, $245.753.163 millones a una de las familiares;
Por perjuicios morales, $232 millones cada uno, a cuatro de ellos;
Por perjuicios “daño en la salud”, $58 millones cada uno, a estas mismas personas.
Asimismo, el pago total, que suma $1.185.753.163, deberá ser distribuido entre los condenados de la siguiente forma:
– Fiscalía General de la Nación: 80 %
– Hospital Santa Clara III nivel, hoy subred integrada de servicios de salud centro oriente: 15 %
– Secretaría de Salud Distrital: 5 %
Adicionalmente, la providencia condenó a estas entidades a cumplir con unas medidas especiales como reparación por el feminicidio, entre ellas:
Ordenan a las entidades condenadas brindar a los demandantes que acepten “un programa de atención psicosocial especializado y bajo estándares internacionales en la materia, como medida de rehabilitación”.
También deberán publicar la providencia en sus respectivas páginas web por un término de 3 meses.
El juzgado negó la solicitud de crear programas que incorporen medidas de prevención, investigación y sanción orientados a la lucha frente a crímenes contra la vida, integridad y libertades personales y sexuales de la mujer. Desde el Juzgado Administrativo de Bogotá argumentaron que “este despacho no tiene la competencia para ordenar la creación de entidades, asignar competencias a las distintas entidades del Estado, ni de ordenar la creación de centros distritales”. “Así las cosas, se niegan las pretensiones relacionadas con: ordenar la creación de Unidades Especiales de Policía con presupuestos anuales y progresivos, competencias judiciales al interior de la Fiscalía General de la Nación, y la creación de un Centro Distrital de Atención Especializada a las víctimas de violencia sexual”.
Escrito por Daniela Borbon Olaya
