El conflicto armado en Colombia no solo dejó como víctimas a las comunidades, sino también a los recursos naturales. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el río Cauca se usó como fosa común por parte de los grupos paramilitares, con el apoyo de miembros de la fuerza pública, con quienes existió una alianza en el Cauca y el Valle del Cauca.
Además de esta situación, también se vertieron químicos utilizados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas. Debido a esto, esta fuente hídrica fue reconocida y acreditada como víctima del conflicto armado colombiano.
La decisión de la JEP se adoptó dentro del caso 05, el cual prioriza la situación territorial del norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca, como respuesta a la petición presentada por los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, quienes han señalado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca debido a los grupos al margen de la ley.
La decisión de la JEP señala que los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, que pueden constituir crímenes de guerra.
En el mismo sentido, la Sala de Reconocimiento detalló que entre 2000 y 2004 hubo una conducta sistemática permitida por la fuerza pública y ejecutada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que no pudieran ser encontradas.
La justicia especial detalló en su comunicado: “Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente. Miles de cadáveres fueron lanzados al río. Esto afectó sus aguas, las especies que lo habitan y vulneró profundamente la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza”, detalló la justicia especial en su comunicado.
Durante la investigación, la sala ha escuchado los testimonios de los principales líderes del extinto Bloque Calima de las AUC. En sus relatos se han referido a la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban en la región para desaparecer a sus víctimas.
La información entregada ha sido confirmada por la Jurisdicción en diversas fuentes, tales como versiones libres realizadas en Justicia y Paz, informes y narraciones de las víctimas.
Asimismo, la JEP recordó que, según la normativa del Comité Internacional de la Cruz Roja, existen tres principios generales sobre las hostilidades que se aplican al medio ambiente y los crímenes contra la naturaleza. El primero es que ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.
De acuerdo con información de la corporación, en este caso “se han demostrado graves afectaciones al río Cauca causadas por prácticas relacionadas con el conflicto que han alterado sus aguas y las especies que habitan en él, así como también su profunda relación con las comunidades étnicas de la región”.
Por esta razón, se han realizado múltiples actuaciones para la protección del medio ambiente y la naturaleza por parte de las poblaciones que lo habitan y lo rodean.
Escrito por Daniela Borbon Olaya