Tras el escándalo de las chuzadas telefónicas en la Casa de Nariño por el caso de la exniñera de Laura Sarabia, varios funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron inspecciones en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Entre los despachos involucrados estaban las coordinaciones, la dirección de protección presidencial, el Ministerio Público y varias jefaturas de gabinete.
Esto, con el objetivo de recolectar material probatorio para determinar la responsabilidad de algún órgano de control o funcionarios que tengan presuntas irregularidades que estén relacionadas con el sometimiento a la prueba del polígrafo sobre la exniñera Marelbys Meza. Esta investigación permitirá avanzar con el procesamiento disciplinario que inició el 29 de mayo.
“Después de solicitar una serie de documentos, el DAPRE nos lo allegó. Hoy vengo a buscar los documentos que estamos esperando. Recibimos parcialmente una información, pero hasta hoy no hemos podido completarla. En consecuencia, hemos decidido iniciar una inspección disciplinaria para poder recaudar los documentos”, aseguró la procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Téllez.
Según la entidad, las pruebas del polígrafo fueron realizadas en el edificio Galán, que está adscrito a la Presidencia de la República, el pasado 30 de enero de 2023. Para el 30 de mayo, la Fiscalía General de la Nación, ingresó a las instalaciones de Presidencia para intervenir los celulares de Meza y de otra de sus empleadas, dando cuenta que estos habrían sido chuzados de manera ilegal.
Cabe resaltar, que Sarabia aseguró ante la organización investigadora, la pérdida de al menos 7.000 dólares en efectivo y varios documentos que pertenecen a su trabajo. Lo que generó activar mecanismos de alerta en la Casa de Nariño.
“La diligencia tiene como objetivo recaudar material probatorio que había sido solicitado por el órgano de control al momento de abrir la indagación y no ha sido remitido a la Procuraduría”, reiteró la Procuraduría.
Catalina Hurtado Ladino