Tutela pretende exigir cuentas a gastos de la primera dama

La Corte Constitucional analiza el gasto público de Verónica Alcócer

El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, solicitó a la Secretaría del alto tribunal, que seleccione una tutela que investiga el gasto público asociado a la primera dama y a su equipo de colaboradores. La acción presentada por un periodista, que le solicita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, que dé cuenta sobre los gastos incurridos en la contratación de servicios y de personal de apoyo para las actividades que realiza la primera dama.

El DAPRE informó que “no tiene rubro alguno destinado a los gastos de la primera dama”, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a esa entidad “remita al departamento, unidad, dependencias o incluso ministerios, si son varios los que estén asumiendo el costo de los gastos de las actividades que ejerce la primera dama”.
En el documento, explican que la solicitud de la información presentada por medio de un derecho de petición, por el suministro de esos datos. Sin embargo, tras recibir la respuesta por parte del DAPRE, la entidad informó: “No hay registro de un cargo referente a la primera dama”.

“Dentro del organigrama de la entidad y el manual de funciones vigente, no se encuentra el cargo de primera dama de la Nación y por la misma razón, tampoco se cuenta con personal que preste sus servicios a la misma”, añadió el magistrado Linares.

El peticionario consideró, ante esta respuesta, que se está vulnerando su derecho a la información y acceso a la información pública. Por lo que optó por presentar una acción de tutela para que la entidad tenga una orden judicial y suministre, así, los datos solicitados inicialmente.

Para el magistrado Linares, el tema debe ser revisado por la alta corte, al considerarse como un tema novedoso que permitiría discutir el asunto del acceso a la información a través de petición y a la importancia del control social sobre el presunto erario destinado a la primera dama.

Asimismo, argumentó que es una oportunidad idónea para hablar sobre el alcance y contenido que ejercen los periodistas durante su labor relacionada con la divulgación de información pública, en caso de que se compruebe que se destinaron recursos a la primera dama.

Por cuanto, “se discute la manera en la que el derecho fundamental de petición permitiría garantizar el acceso a una información que, conforme a lo expuesto por el accionante, materializa la garantía fundamental de acceso a la información pública y, por esa vía, la transparencia en la gestión de los recursos públicos”. Aseguró Linares.

De otra parte, el magistrado resaltó que según la sentencia C-089 A 1994, la primera dama no tiene función pública ni hace parte del DAPRE, por lo que considera necesario debatir la tutela para revisar el concepto del “cargo” de la primera dama.

Juan Camilo Joya