Choque entre Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Justicia por hacinamiento en cárceles

La controversia se dio luego de que Claudia López se opusiera al proyecto de reforma al Sistema Penitenciario promovido por Minjusticia. 

En abril de 2021, se firmó el acuerdo 1127 que pretende construir la Cárcel distrital II en la capital colombiana, donde intervinieron: la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Unidad de servicios penitenciarios y Carcelarios-USPEC. 

El pasado martes, 23 de mayo de 2023, la mandataria distrital en medio del lanzamiento del Comando Élite contra el crimen en Bogotá. Lanzó acusaciones contra el Gobierno nacional, sobre las cifras de hacinamiento y el tratamiento de información sobre el tema. Luego de las advertencias de la Corte Constitucional sobre esta problemática en las cárceles y URI de la capital.  

“Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno Nacional anterior y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIS y las estaciones de Policía” aseguró la alcaldesa. 

En respuesta, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ayer 24 de mayo se refirió al respecto calificando como “irresponsable” el pronunciamiento de López:“Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa. Jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa, esas palabras fuertes, sonoras y estridentes no se corresponden con ninguna realidad” Sostuvo el ministro. 

La Procuraduría General de la Nación, inició a finales de abril una investigación contra la Alcaldía de Bogotá, por presuntamente omitir sus obligaciones relacionadas con los centros de detención preventiva. La decisión se tomó tras una visita de la Personería a la URI de Puente Aranda y estaciones de la Candelaria, en los que encontraron hasta 16 personas durmiendo en shut de basura.  

Osuna señaló, “que la visita debe tener muy preocupada a la alcaldesa”. Explicó que la responsabilidad del hacinamiento no es únicamente del Gobierno nacional, que tiene a su cargo a las personas condenadas en las cárceles, sino también de los municipios que deben responder por los detenidos que no han sido condenados. 

Hacinamiento en estaciones de Policía, URI y La Picota, en Bogotá, según visita de la Procuraduría General. – Imagen: Procuraduría General 

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Seguridad recordó como medida de descongestión la firma del convenio 1127, por el cual se aprueba la construcción de la Cárcel Distrital II, que contará con una capacidad de 3.000 cupos. El secretario de seguridad emitió un comunicado ayer 24 de mayo donde informa que no es cierto que desde el Distrito se le haya solicitado al Gobierno Nacional la financiación para la construcción de la Cárcel Distrital II, , por lo que esta administración dispone con recursos para la construcción del penal. 

Juan Camilo Joya