Por estos días la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación a las empresas de telefonía móvil celular, Claro y Movistar, según se conoció información del caso, estas empresas están negando el derecho de portabilidad a los usuarios.
Según lo advirtió la SIC en un comunicado: “Las indagaciones preliminares dieron muestra de que es posible que se estén presentando violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios por presuntamente limitar el derecho de elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica”.
La SIC recopiló información en la cual se expone que Movistar y Claro, al parecer, estarían activando y cobrando a sus usuarios un producto, sin previa autorización o aceptación expresa de los usuarios.
Dentro de la investigación estarían: “Los productos denominados por Movistar ‘Mejor Juntos’ y ‘Bonos de Fidelización’, y por Claro ‘Datos Plus’. Para SIC se estarían vulnerando con estos procesos no aprobados el derecho que les asiste de elegir libremente su proveedor, planes y servicios de telecomunicaciones.
Las diferentes y continuas quejas de los usuarios, dieron paso al inicio de las investigaciones, los cuales alegan que las solicitudes de portabilidad están siendo negadas, lo que llevó a que se formulen cuatro cargos en las respectivas investigaciones.
a. Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido o activado.
b. Modificar las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos.
c. Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado, durante el período de facturación siguiente a aquel en que se efectuó la modificación del plan inicialmente contratado por parte del proveedor.
d. Diseñar e implementar estrategias comerciales y/o promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, lo que a la postre generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.
Cabe destacar que junto a la investigación a los operadores móviles se les impuso una serie de medidas administrativas de carácter inmediato y permanente, donde se les pide no limitar a sus usuarios en la libre elección de proveedor, poder conservar su línea y eliminar la activación de planes sin la debida autorización.
Una vez se agoten las etapas del proceso administrativo sancionatorio, los operadores serían sometidos a multas de hasta 15 000 smmlv, es decir, 17 400 millones, esto de ser demostrado que incurrieron en las conductas señaladas.
Por su parte, el operador Claro informó que no han recibido ninguna notificación al respecto, asimismo, la compañía añadió que como lo ha hecho en anteriores ocasiones, ha denunciado ante distintos entes de control y vigilancia, a otras empresas del sector por situaciones en las que incumplen la norma de portabilidad.
Humberto ‘Toto’ Torres