La Fuerza Pública, al parecer, estaría haciendo uso de tecnologías y programas espías de forma indiscriminada para monitorear de manera masiva la internet en Colombia. Así lo hizo saber la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Se conoció que el Estado utiliza y planea adquirir herramientas tecnológicas, con potencial uso de vigilancia masiva. El objetivo serían periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en Colombia.
El plan habría sido conocido a través de un lote de documentos filtrados por el equipo de hackers “Guacamaya”, con apoyo de Forbidden Stories; así lo informó la FLIP.
Cabe recordar que esos lineamientos se conocieron desde el 2019, a través del manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas, además se establecieron los términos bélicos para la realización y justificación de dichas prácticas.
Como “escenario de operaciones militares”, así definen las investigaciones al espacio cívico digital y no como un espacio para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Basado en esto, se trazaron direccionamientos de inteligencia que violan y vulneran la privacidad, intimidad y libertad de expresión de quienes hacen parte y ejercen actividades en estos medios.
En la investigación se lee: “El Plan de Adquisiciones del 2023, el Comando General de las Fuerzas Militares, tiene la intención de adquirir herramientas cada vez más sofisticadas y novedosas, como un sistema de ciberinteligencia que integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas”.
Cabe resaltar que la FLIP aseguró que la vigilancia en línea y la inteligencia militar se han utilizado en contra de personas que no son amenaza, como los periodistas.
Asimismo, en el caso se conoció que tomaron datos privados como números de teléfono, historial académico y laboral, información de trabajo periodístico e incluso, datos de las parejas, fotos de los vehículos y datos de comparendos sin tener justificación al proceso.
No obstante, el Ejército argumentan que la información de sus auditorías internas sobre la inteligencia militar que realizan es de carácter reservado; aunque el Consejo de Estado ha comprobado que las labores de inteligencia estarían vulnerando las garantías a la prensa, ya que la Ley de Inteligencia no deja clara la forma legal, la duración ni los límites del monitoreo. Se definiría como una especie de vigilancia secreta que está fuera de los parámetros judiciales.
Humberto ‘Toto’ Torres