Contraloría estableció presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por compra de avión para la Policía

Una nueva adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana ha sido establecido por parte de la Contraloría General de la República como un presunto detrimento patrimonial; pues para poder obtener este nuevo avión avión, se usaron alrededor de 12 millones 160 mil dólares americanos. Dinero que salió de los recursos públicos colombianos. 

Para el organismo de control, la compra de esta aeronave, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, pues seria la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, lo que tampoco ampliaría la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos.

Esto se dio a conocer luego de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., para la adquisición de bienes y servicios.

Como resultado también se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal, y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.

El hallazgo sobre la compra de dicho  avión tiene presunta connotación fiscal con posibles incidencias disciplinarias y penales y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

Finalmente, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad dio traslado interno del hallazgo fiscal a la dependencia competente, que determinará si el mismo permite dar curso a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

Redactado por Sara Camila Fajardo