Dos servidoras y un contratista de la Alcaldía de Medellín son judicializados por la celebración de varios contratos que pertenecen al proyecto ‘Buen Comienzo’ y al Plan de Alimentación Escolar (PAE). Estas personas habrían realizado varios movimientos ilícitos de dinero en el sector.
Las personas fueron identificadas como: Martha Alexandra Agudla, secretaría de Educación; Lina María Gil Zapata, exdirectora
de ‘Buen
Comienzo’ y PAE; y Henry Paulison Gómez Montoya, representante
legal de la Corporación Colombia. La Fiscalía General de Nación les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, apropiación en favor de terceros, tentativa en favor de terceros, entre otros.
“El proceso está relacionado con posibles irregularidades detectadas en dos contratos que ascendieron en valor a los 27.000 millones de pesos, y cuyo objeto era garantizar la atención educativa y alimentaria de niños y niñas de 0 a 5 años, y para proveer mercados a madres gestantes y/o lactantes de Medellín”, dijo la Fiscalía.
En la investigación se estableció que estas personas cambiaron la modalidad de contratación en favor de la entidad Colombia Avanza, con convenios por un valor mayor a los 16.000 millones de pesos, para luego recibir una adición de 4.731 millones de pesos. De esta manera, la corporación recibió una calificación baja en capacidad financiera, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que sugirió un único aporte de tan solo 720 millones de pesos.
“En este contrato también quedaron en evidencia posibles sobrecostos en la adquisición de algunos alimentos por 830 millones de pesos. Asimismo, existiría un detrimento patrimonial por una cuantía de 126 millones de pesos, que corresponde a la supuesta distribución de 220.578 kits alimentarios, los cuales ya estaban contemplados en el contrato inicial”, añadió la entidad investigadora.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino
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