Se imputaron cargos a tres personas involucradas de varios actos de corrupción en escuelas rurales del país. Según la Fiscalía General de la Nación, estos presuntos responsables habrían manipulado millonarios contratos que estaban suscritos a Centros Poblados y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Min Tic). Estos contratos serían distribuidos en las escuelas rurales del país, con el propósito de suministrar conexión a internet.
Las personas involucradas fueron identificadas como José Lascarro Torres, empresario de Ottomar; Juan José Laverde Martínez, corredor de la entidad y Juan Carlos Cáceres Bayona. A estos funcionarios se les atribuye los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación, entre otros.
“La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad”, aseguró la Fiscalía General.
La investigación determinó que los imputados expidieron una resolución de adjudicación del contrato para avalar un anticipo por alrededor de 70.000 millones de pesos. Además, se constató que fueron destinados a otros asuntos que no pertenecían al objetivo estipulado del contrato.
Ante estos hallazgos, la entidad informó por medio de un comunicado que: “Por una parte, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres”.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino