Los reglamentos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín de la Fiscalía General de la Nación, en las diligencias para la ley de Justicia y Paz, se dirigió al municipio Carmen de Atrato en el departamento de Chocó, con la finalidad de brindar apoyo a varios resguardos indígenas del sector.
Varios funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia, pertenecientes a la Secretaría Técnica del Grupo de Evaluación de Riesgo, realizaron entrevistas alrededor de 520 indígenas Emberá que están acreditados como víctimas de ataques perpetrados por el desmovilizado Ejército Revolucionario Guevarista.
“Se evaluaron a las víctimas del conflicto pertenecientes a las comunidades indígenas Sabaleta, La Puria y El Consuelo
del pueblo Emberá, radicadas en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó) y Caicedonia (Valle del Cauca).
De acuerdo con la sentencia, estas personas fueron víctimas de los delitos de deportación, expulsión, traslado y desplazamiento
forzado de la población civil”, determinó la Fiscalía General.
La entidad investigadora, por su parte, espera seguir realizando grandes intervenciones para abrir paso al ‘perdón social’.
El comunicado expuesto, la Fiscalía aseguró que :”Razones que exigen implementar dispositivos de protección colectivas, con un enfoque diferencial y de género, medidas que serán concertadas con las autoridades competentes. Según la sentencia, el grupo delictivo, al mando del ex cabecilla desmovilizado Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias El Viejo, El Roble o Matacuras, vulnera los derechos de los indígenas, contemplados en la Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario”.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino