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Con paso firme avanza el “Pacto por la Justicia Tarifaria”, con el ingreso de 82 empresas del sector energético que decidieron sumarse a esta iniciativa del Gobierno Nacional, con el fin de lograr la disminución de las tarifas en este servicio para todo el país y en un corto plazo.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reveló que las empresas que manifestaron públicamente su intención de unirse a ese pacto, acogieron las propuestas de reducir los componentes de Generación, Transmisión y Distribución. Además, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado.
De igual manera, Vélez y la Viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, aseguraron que esta revisión se basó en la Resolución 101 de 2022, que permite la renegociación de los contratos del mercado regulado entre los comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y el ajuste del llamado indexador, o el mecanismo con el cual se calculan las tarifas.
La nueva medida es que este indexador será menor del resultado de la diferencia entre los índices de precio al consumidor y el del productor. La jefe de la cartera de Minas confirmó que este es un mecanismo para controlar la inflación que presiona al alza las tarifas de energía.
Además, destacó que el cronograma de trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas del sector y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para lograr el proceso de reducción de las tarifas se ha cumplido en cuanto a las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.
“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy podemos anunciar que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, dijo la Ministra.
Los acuerdos logrados constituyen la primera etapa de un proceso orientado a que el usuario sea el centro de la política pública del servicio en materia de cobertura, calidad y precios razonables.
El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio iniciará en noviembre de este año.
Escrito por Frank Hoyos Manrique
