En medio de abucheos, Duque instaló el nuevo Congreso
21 julio, 2022
En la Marathon de Risaralda Diana Pinilla se coronó Campeona Nacional.
21 julio, 2022
La Fiscalía General de la Nación anunció que actuó ante la extinción de dominio de 87 bienes a los funcionarios de la gobernación de Guainía, Javier Eliecer Zapata Parrado y Óscar Armando Rodríguez Sánchez, además del exalcalde de Inírida, Camilo Andrés Puentes Garzón por vínculos de corrupción en contratos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los funcionarios habrían participado en irregularidades de algunos procesos penales que en conjunto con particulares, suscribieron contratos de obras públicas, entre otros proyectos, en donde no se encontró ninguna evidencia de su ejecución. Por su parte, la entidad investigadora le imputó los cargos de macrocriminalidad, interés indebido de celebración de contratos y concierto para delinquir.
En un comunicado la Fiscalía General determinó que: “los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación, Además, Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019”.
Los contratos presentados estaban dirigidos a varios proyectos de construcción para los acueductos municipales de Carpintero, La Unión, Mapiripana, Minitas y Pueblo Nuevo. De este modo, las autoridades capturaron a los tres funcionarios y a personas cercanas que estaban involucradas en los bienes allanados.
El exgobernador Javier Eliecer Zapata Parrado, ya habría estado investigado en el 2019, por presuntas irregularidades en 51 contratos que tenían un valor de aproximadamente 93.000 millones de pesos. En este proceso estuvo involucrado para ese entonces, Camilo Andrés Puentes, alcalde de Inírida junto a varios contratistas de Cundinamarca.
“Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía)
y Villavicencio (Meta). Se trata de 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, 3 sociedades y 1 establecimiento de comercio evaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos. Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del
Ejército Nacional”, reiteró la Fiscalía.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino
