Inició la audiencia del denominado Subcaso de la Costa Caribe (Caso 03): Reconocimiento de ‘Falsos Positivos’. Este, tuvo lugar el lunes 18 y reiniciará en la segunda etapa el martes 19 de julio. La audiencia pertenece a los proyectos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la participación del presidente de la Jurisdicción, Eduardo Cifuentes Muñoz, el Magistrado Óscar Javier Parra y las Magistradas Belkis Izquierdo y Julieta Lamaitre.
A las audiencias se citaron 12 miembros del Ejército Nacional, a quienes se les imputan los cargos de guerra, lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada ilegitima en los departamentos de Cesar y La Guajira. Además. La JEP informó que tres miembros del Ejército no reconocieron sus hechos y se encuentran enfrentando una audiencia procesal que puede llevarnos a una sanción de 20 años de prisión. De este modo, el proceso de reconocimiento del Subcaso involucra cuatro modalidades según la JEP.
Los miembros del Ejercito Nacional son responsables del asesinato de 127 personas entre el 2002 y el
2005, en los que estuvieron involucradas varias victimas de los grupos indigenas. Esta circunstancia llevó a que la audiencia estuviera conformada por alrededor de 12 indígenas de los pueblos kankuamo y wiwa, que se presentaron ante los entes judiciales, entre
estos, la procuraduría.
“Durante la diligencia que se llevará a cabo en
Valledupar (Cesar), los comparecientes que fueron imputados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ ocurridos en la Costa Caribe, deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura, a un reconocimiento público ante la justicia,
las víctimas y la sociedad colombiana”, afirmó la JEP.
El Teniente Coronel Heber Hernán Gómez Naranjo dijo en la audiencia que los cuerpos en las zonas fueron llevados en carros y no tenían la presencia de ninguna entidad, “Los dos jóvenes wiwa no hacían parte de ningún grupo ilegal, solo eran civiles uniformados por los paramilitares y entregados por ellos para que los hiciéramos pasar como delincuentes. Ese día lo capturamos y dieron la orden al soldado profesional Valencia para que lo matara a sangre fría. Ahí no hubo combates, fue un crimen en persona protegida, el señor nunca sacó su arma”; afirmó Gómez.
La citación busca la verdad en ambas partes para aportar a la garantía de los derechos y deberes de las víctimas y los comparecientes del caso. Según el presidente Muñoz, se identificaron dos patrones macro criminales: “La desaparición y asesinato, por una parte pertecene a personas señaladas de integrar grupos guerrilleros de delincuencia común. Se cometieron homicidios a civiles y se presentaron como bajas en combate para cumplir con el rango”.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino