ASTROLABIO # 155/ VIE 27 MAYO 2022

Vaya uno a saber si era un psicópata, pero lo más probable es que solo fuera un desadaptado, un sujeto con personalidad disociada.

Un resentido que, progresivamente, fue dejando atrás el respeto por la vida y al final se decidió por cobrar la factura ante el maltrato recibido.

Resentido pero sin llegar al punto de la psicopatía, es decir, perfectamente racional, funcional, consciente, y -si fuese el caso-, dispuesto a repetirlo.

En fin.  Se trata de un criminal y con eso basta.  Porque, en el fondo, saber si estaba en tratamiento psiquiátrico no es lo importante.  

Lo importante es cómo frenar esta cadena de crímenes, estimulada también por el voluminoso despliegue mediático que convierte a un desalmado en una estrella póstuma.  Póstuma, pero estrella, al fin y al cabo.

Podría pensarse, entonces, en que el centro de gravedad de esta amenaza reside en limitar la segunda enmienda constitucional, aquella que consagra el derecho ( inalienable ) a poseer y portar armas.

En algunas sociedades industrializadas, como la neozelandesa, o la australiana, parece haber una relación entre el control riguroso del acceso a las armas y este tipo de conductas.

Pero, primero, eso no está absolutamente comprobado.

Segundo, esa enmienda es sagrada para los norteamericanos, como debe ser todo precepto constitucional para quien se precie de ser un auténtico demócrata.

Y si ellos no han logrado ponerse mayoritariamente de acuerdo en el Congreso para ejecutar una reforma no es porque sean tarados o incompetentes sino porque, en esa sociedad, hay raíces históricas que podrán parecer estrambóticas si se interpretan por fuera del contexto pero que, sociológicamente, marcan el debate de manera muy profunda.

Y tercero, basta con echar un vistazo al vecindario para constatar que un criminal obsesionado no encuentra ningún obstáculo para hacerse a las armas que haga falta para cometer todo tipo de masacres y desafíos violentos a la democracia.

Dicho de otro modo, con segunda enmienda, o sin ella, un asesino se las ingeniará para cumplir su cometido, a menos que la sociedad esté verdaderamente empoderada y decidida a impedírselo, cueste lo que cueste.

En ese sentido, puede pensarse, primero que todo, en la protección que ofrezcan las fuerzas policiales.

Pero en EEUU hay un problema enorme en lo que tiene que ver con el desempeño de la policía.

No en vano -y hasta irónicamente- el presidente Biden ha introducido, en medio del dolor por lo de Texas, unos ajustes para hacerle seguimiento a la conducta de los agentes y evitar así que, circunstancialmente, ellos se desborden, tal como sucedió con George Floyd, hoy por hoy, emblema de la democracia zaherida. 

De hecho, conviene recordar que desde la masacre de Columbine, en 1999, se le indicó a la policía que, en vez de sentarse a esperar a que las fuerzas especiales ( SWAT ) llegasen al lugar de los hechos, los oficiales tenían que enfocarse, ‘ipso facto’, en neutralizar al tirador.

Sin embargo, ahora, 23 años más tarde, los policías hicieron precisamente lo contrario y no  se atrevían a ingresar al colegio esperando a que llegaran los comandos.

Incluso, algunos padres de familia que llegaron prontamente al sitio les increpaban y, ardorosamente, les pedían que hicieran algo, en vez de seguir frotándose las manos.

Por supuesto, el escenario se tornó particularmente incomprensible cuando aquellos policías esposaron a algunos de aquellos familiares por el simple hecho de que les exigían hacer valer la autoridad de la que se hallan investidos.

Por tanto, sobran las razones para pensar en que la “pronta intervención” policial no siempre resultará efectiva y que, por exceso ( como en el caso Floyd ), o por defecto ( como en el presente caso de Uvalde ), la sociedad no puede dejar solo en manos de los agentes el manejo de semejante problema.

O sea, que si el alegato sobre la posesión de las armas se basa en el derecho ciudadano a defenderse de una eventual tiranía, ¿ no queda claro cuán válido es aducir que la principal función de portar un arma no es otra que neutralizar a los criminales, sobre todo cuando las propias autoridades están renunciando al monopolio de las armas en la propia cara de los angustiados padres de familia ?

Por tal razón, el monopolio de las armas no puede reñir con la imperiosa necesidad social de la corresponsabilidad en materia de seguridad, reconociendo el papel de cada demócrata en la defensa del sistema.

En la práctica, eso significa que, ( a ) la información suministrada por los ciudadanos, ( b ) el despliegue rápido de los oficiales, y ( c ) la seguridad privada, conforman una trinidad valiosa e insustituible para disuadir a los maleantes.

Por supuesto, esta trinidad tiene que salvaguardarse de las excentricidades que algunos quisieran conferirle.

Por ejemplo, parece que en los acontecimientos de Texas algunos parientes de los alumnos acudieron armados a la escuela y, al ver la parálisis de la policía, querían intervenir por cuenta propia, incurriendo así en una conducta humanamente comprensible pero en todo caso caótica, peligrosa e ilegítima.

Asimismo, algunos sectores han sugerido que los profesores deben ir armados y recibir entrenamiento para repeler a los agresores.

Con cierta ligereza, esta tesis podría ser defensible, pero si se analiza con detenimiento, descargaría en el profesorado una responsabilidad que no le es propia y distorsionaría su misión social cuando, precisamente, para eso es que se recurre a las compañías privadas de seguridad.

En conclusión, más allá de la segunda enmienda, y de la eficiencia policial, las escuelas tienen que validar su condición de “espacios inviolables de paz” dotándose de perímetros sólidos de seguridad ( muros, concertinas, identificadores, un solo punto de ingreso, cámaras, alarmas ) pero también de contratistas capacitados para usar la fuerza contundente ante cualquier desalmado transgresor.

Al fin y al cabo, nadie ve con extrañeza que los bancos ( protectores de caudales ) gocen de tales ventajas, en tanto que los colegios se encuentran al garete.

Y nadie lo ha expresado con mayor nitidez que Andrew Pollack, el padre de una niña sacrificada en la masacre de Parkland ( 2018 ) : « No hay razón por la que podamos otorgarle 40 mil millones de dólares a Ucrania [ por ahora ] … ¡ y, en cambio, no podamos proteger a nuestros propios niños ! ».

vicentetorrijos.com