Defensoría emite Alerta para varios municipios de Caquetá por ingreso paulatino de los denominados Comandos de Frontera

La comunidad de La Montañita, Unión Peneya (Caquetá) se encuentra en condición de vulnerabilidad y en riesgo de afectación a los derechos humanos, la vida y el bienestar por el ingreso a la zona, de manera paulatina y violenta, de los autodenominados Comandos de Frontera con el propósito de ejercer el control de la producción, venta, y comercialización ilegal de la base de pasta coca.

Así lo establece la Alerta de Inminencia 011 del 2022 en la que se detalla la grave situación en la que viven los habitantes de las veredas que comprenden los municipios de Paujil, Solano y Cartagena del Chairá. Los pobladores de esa región han sido víctimas de las amenazas, homicidios selectivos, confinamiento y otros hechos violentos.

La Defensoría del Pueblo revela que los Comandos de Frontera incursionaron en la zona para disputar control territorial y los negocio ilegales al grupo disidente Estructura 62 Miller Perdomo. Lo anterior ha generado señalamientos a la población civil o hacia aquellos que desconocen los códigos de conducta impuestos por esa organización ilegal.

Son varios los crímenes selectivos contra líderes sociales o comunales que se han presentado en la zona, entre ellos, el de Favison Ducuara Barreto. Precisamente, la Defensoría del Pueblo denunció su desaparición y solicitó que se activara el Mecanismo de Búsqueda Urgente, pero su cuerpo sin vida fue encontrado el 14 de abril de 2022. Las autoridades relacionan este crimen con los Comandos de Frontera.

“En la alerta de inminencia advertimos del riesgo que están enfrentando los líderes sociales, comunales, personas en proceso de reincorporación y sus familias. También por el reclutamiento forzado en contra de niños, niñas y adolescentes, incluso, mujeres, especialmente familiares de víctimas”, resaltó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La comunidad también fue amenazada mediante un panfleto que advertía un plan pistola contra ‘sapos’, violadores, expendedores y consumidores de alucinógenos, ladrones, jaladores de carros y motos, trabajadoras sexuales, así como el anuncio de un horario en el que se restringe la movilidad, y en el que señalan que no respondían por las personas que no obedecieran la instrucción.

“La Defensoría del Pueblo también alerta sobre la amenaza contra el proceso electoral. Hay razones para pensar que, ante la situación, las comunidades se abstendrían de acudir a ejercer su derecho al voto, por eso urgen medidas que permitan garantizarles a los ciudadanos el ejercicio libre del derecho al voto”, dijo Carlos Camargo.

Con esta alerta la Defensoría del Pueblo advierte la posibilidad de homicidios selectivos o múltiples, desplazamientos forzado individual y masivo, confinamiento, desaparición forzada y amenazas. Además, reclutamiento forzado contra niños, niñas y adolescentes, confrontación armada en la que puede quedar en medio la población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados, así como otras medidas de restricción de movilidad.