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El debate sobre los falsos positivos volvió a encenderse tras un pronunciamiento del Centro Democrático en la noche del martes 9 de septiembre contrala senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, María José Pizarro. En un comunicado, el partido aseguró que la congresista “manipula la historia” al señalar responsabilidades del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo la política de Seguridad Democrática.
De acuerdo con el grupo político, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido que esa estrategia nunca fue diseñada para producir falsos positivos; luego de que el exjefe de Estado recordó que en octubre de 2008, cuando recibió un informe que vinculaba a 27 oficiales en presuntas ejecuciones, tomó la decisión de desvincularlos inmediatamente, sin esperar nuevas investigaciones. “Lo hice con dolor por los soldados de la patria, pero con responsabilidad frente al país”, afirmó. A esto añadió que varios militares han denunciado presiones de la JEP para aceptar delitos que no cometieron, lo que para él muestra la necesidad de revisar la legitimidad de los procesos en curso.
En ese sentido, Uribe y su partido insistieron en que no debe prorrogarse el funcionamiento de la JEP y que las condenas a militares deben ser revisadas con todas las garantías. Plantearon que, de confirmarse las responsabilidades, las penas por hechos ocurridos antes de 2016 no deberían superar los cinco años de cárcel. Al mismo tiempo, cuestionaron que la entidad aún no haya proferido sentencias contra los antiguos jefes de las FARC, a quienes responsabilizan de miles de crímenes atroces que permanecen sin castigo.
La respuesta de María José Pizarro llegó en la mañana de este miércoles 10 de septiembre a través de su cuenta de X, donde con cifras y memoria histórica recalcó: “6.402. No son una cifra, son hijos, hermanos, padres. Una tragedia que duplica en número a las víctimas de la dictadura de Pinochet”. En su publicación cuestionó que, siendo presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Uribe pudiera desconocer las miles de denuncias de madres a las que se les decía que sus hijos no “estaban recogiendo café”.
Asimismo, la aspirante a la presidencia recordó que la ONU había advertido en 2004 sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, sin que la administración de Uribe reaccionara de inmediato. Solo hasta 2008, cuando estalló el escándalo en la opinión pública, se tomaron decisiones como la separación de tres generales y 11 coroneles. “Ante una verdad judicial que se consolida, lo mínimo que se exige es que asuma su responsabilidad política y moral. La dignidad de las víctimas lo demanda”, concluyó su mensaje.
Este nuevo choque se dio tras un video publicado en la mañana del martes en el que el exmandatario defendió nuevamente su gestión y cuestionó la imparcialidad de la JEP. En la grabación aseguró que, aunque se reconocen falsos positivos, también existieron denuncias erróneas que perjudicaron injustamente a miembros de la Fuerza Pública.
Frente a esas afirmaciones, Pizarro le respondió: “¿Por qué Álvaro Uribe ataca sistemáticamente a la JEP? La respuesta es clara: porque es el mecanismo que está revelando la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno. La justicia no se ‘acomoda’ a su conveniencia, se aplica”.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
