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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, insta a las entidades territoriales de nivel departamental y municipal a garantizar de manera adecuada y constante, desde el inicio del nuevo ciclo escolar y a lo largo de todo el año, la provisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estas entidades son responsables de la administración y ejecución eficiente de dicho programa.
“Ningún niño, niña y adolescente tiene que verse afectado por posibles inconsistencias en la continuidad, inocuidad y calidad del PAE. Deben recibir los alimentos en perfectas condiciones, con calidad; sus derechos no pueden verse afectados, de ninguna manera”, indicó el Defensor del Pueblo, máxime que la entidad de derechos humanos hizo un hallazgo importante en algunas regiones del país.
“Desde la Defensoría del Pueblo alertamos a las entidades territoriales de Casanare, Cartagena, Sincelejo, Sucre y Vaupés, ya que, con corte al 19 de enero del 2024, presentaban retrasos en el avance de la gestión contractual, situación que, de no resolverse, afectará el inicio de atención del PAE y vulnerará los derechos de aproximadamente 326,000 niñas, niños y adolescentes”, señaló Camargo Assis.
Tras el trabajo desarrollado en los territorios durante el 2023 por parte del personal de la Defensoría, y en concordancia con la aplicación del ‘Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE’, se identificaron graves incidentes que vulneraron los derechos de los beneficiarios infantiles del Programa.
La Defensoría implementó el Protocolo en 138 instituciones educativas de diversos departamentos, entre ellos Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre, obteniendo el testimonio de alrededor de 1,900 niños y adolescentes beneficiarios del PAE. Además, se llevaron a cabo entrevistas con padres, madres, cuidadores, directores de centros educativos, operadores y secretarías de Educación y Salud.
Los beneficiarios recibieron alimentos en mal estado, siendo esta situación evidente en el 28.3% (en promedio) de las entregas. Además, las condiciones de infraestructura y el menaje resultaron insuficientes. Con base en los cuatro boletines emitidos en la vigencia pasada, fundamentados en la aplicación del Protocolo Defensorial, se destacó la falta de inversión de las entidades territoriales certificadas (ETC) en el mantenimiento y construcción de infraestructuras, afectando así las condiciones óptimas de prestación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas.
En el boletín III se evidenció que el 10.1% de las instituciones visitadas no consideró los grupos de edad en el complemento alimentario. En el boletín IV, se señaló que dos de cada diez instituciones incumplían con la incorporación de usos y costumbres, generando un alto desperdicio de alimentos.
El Protocolo reveló que el 28% de los centros educativos visitados carecía del Comité de Alimentación Escolar (CAE), lo que preocupa a la Defensoría debido a su relevancia en el funcionamiento del Programa y el seguimiento continuo a la alimentación de los beneficiarios. Además, a través del monitoreo constante de los informes operacionales de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), se evidenció la interrupción y retraso del PAE en departamentos como Amazonas, Cauca, César, Córdoba, Guaviare, entre otros, durante el calendario escolar.
“Hacemos un llamado a las entidades territoriales certificadas para que garanticen que las instituciones educativas de sus jurisdicciones tengan infraestructuras adecuadas para cada uno de los procesos de la prestación del PAE, como los espacios de almacenamiento, distribución y consumo”, expresó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Finalmente la Defensoría subraya la necesidad de que padres, madres y cuidadores fortalezcan y establezcan, según corresponda, los Comités de Alimentación Escolar (CAE). Estos comités, como instancia de participación, desempeñan un papel fundamental mediante el monitoreo continuo para mejorar las condiciones en las que la niñez y adolescencia beneficiaria recibe el PAE.
Paola Martínez Burgos
