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Un preocupante informe del Concejo de Bogotá revela que 11.534 mujeres se encuentran actualmente reconocidas como en situación de riesgo de feminicidio en la capital colombiana, lo que pone de manifiesto la urgencia de reforzar las políticas de prevención, acompañamiento institucional y seguimiento.
De acuerdo con la bancada del Partido MIRA en el Concejo, los registros señalan que en 2024 se contabilizaron 1.291 casos en los que las mujeres identificadas fueron objeto de seguimiento institucional. Aunque el dato total de 11.534 es más amplio y representa el universo estimado de mujeres que están en algún tipo de alerta o registro por riesgo el número de aquellas que han recibido seguimiento efectivo aún resulta limitado.
Ante la magnitud de la cifra, el Partido MIRA exige a la administración distrital y particularmente a entidades encargadas de la atención a la mujer la activación urgente de mecanismos que garanticen la prevención y protección efectiva. Entre sus reclamaciones están:
· Fortalecer las “casas de refugio” para mujeres que sufren violencia grave o inminente.
· Mejorar y articular el trabajo de las comisarías de familia, las unidades de género y la ruta de atención interinstitucional.
· Establecer sistemas de alerta temprana que identifiquen y acompañen a mujeres en condiciones de riesgo elevado.
· Garantizar seguimiento institucional para el conjunto de las 11.534 mujeres identificadas, no únicamente para un pequeño porcentaje de ellas.
Desde el cabildo distrital se indica que el escenario es complejo: si bien la cifra de 11.534 mujeres alerta sobre una dimensión grave del problema, el número relativamente bajo de casos con seguimiento institucional sugiere brechas importantes en la política pública de protección. En ese sentido, algunas de las barreras incluyen la invisibilidad de la violencia psicológica y económica, demora en la atención, falta de articulación entre entidades y problemas de acceso para las víctimas.
Además, la tipología y los factores de riesgo revelan que gran parte de los casos corresponden a mujeres que conviven o han convivido con el agresor, quienes pueden depender económica o emocionalmente de él lo que agrava la situación.
La exigencia ahora está puesta en que el Distrito presente un plan claro, con metas concretas, responsables definidos y recursos asignados para reducir el número de mujeres en riesgo y evitar que estas estadísticas se conviertan en cifras de feminicidio consumado.
El llamado del Concejo y del Partido MIRA alude a que sin una acción decidida, el derecho a la vida, la integridad y la protección de las mujeres continuarán vulnerados.
Paola Martínez Burgos
