El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció hoy los "avances legislativos" de Colombia en violencia de género pero expresó su preocupación por la falta de progresos en la desmilitarización de los grupos armados existentes en el país.

Reunido en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos -formado por una veintena de expertos- presentó hoy sus conclusiones sobre Colombia, que muestran los avances y retrocesos del país en diferentes materias.

Aunque aplaude las iniciativas legislativas en la lucha contra la violencia de género, expresa su preocupación por la falta de progresos en los beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.

El ponente de Colombia, Fabian Salvioli, señaló en rueda de prensa que "una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados 'falsos positivos', que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados".

Como 'falsos positivos' se conocen a los asesinatos selectivos de campesinos presentados a la opinión pública como guerrilleros por el Ejército, para mentir sobre la lucha contra los grupos armados ilegales.

También el informe critica la falta de investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra distintos activistas, por lo que pide a Colombia que adopte las medidas para dar pleno efecto a las recomendaciones del Comité.

"El principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años", afirmó Salvioli, en referencia a que este es el sexto informe realizado por el Comité.

El documento insta al Gobierno colombiano a trabajar en la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a aspectos de género y también a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas, "los más desprotegidos por la ley", reza el documento.

"Deben ser habilitados -continúa- recursos específicamente destinados a brindar atención psico-social y rehabilitación".

Critica la extradición por orden del poder ejecutivo de jefes paramilitares a EEUU, ya que considera que obstaculiza las investigaciones sobre su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.